Luego de que las Juntas de Carrera de Sociología y Ciencias de la Comunicación expresaran su rechazo al contrato entre la UBA y CADRA, el día martes 22 de noviembre, en la última sesión del año del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales, se aprobó, con 12 votos a favor y 1 en contra, nuestro proyecto de pedido de informes al Rectorado acerca de las irregularidades existentes en dicho acuerdo. El asedio recién comienza...
Reproducimos a continuación la resolución aprobada.
El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales resuelve:
Art 1 - Elevar al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires un pedido de informes en el que consten explicaciones acerca de los siguientes puntos:
1) Cuáles fueron los criterios tomados en cuenta para la firma del contrato, teniendo en cuenta la falta de representatividad de la totalidad de las editoriales por parte de CADRA, dado que en esta entidad se enmarcan 160 editoriales, dentro de un universo de más de 570 que representa la Cámara Argentina del Libro y la Cámara Argentina de Publicaciones.
2) Cómo se determinó el monto a pagar por esta Universidad de $0,80 anuales por estudiante, y cuáles fueron los criterios para reducir los $12,72 que se estipularon inicialmente.
3) Qué motivos llevaron a considerar la población universitaria en 300.000 estudiantes, número sobre el cual se determinó el monto anual final pagado por la Universidad, y por qué desestimaron precisiones en base a datos censales o de inscripciones.
4) Por qué se especifica que el contrato sólo es válido para las fotocopias realizadas en fotocopiadoras de los centros de estudiantes con personería jurídica, según consigna la sección primera del contrato, si bien, por el otro lado, se hace el cálculo del monto anual en base a la estimación total de estudiantes de la UBA y no al total de estudiantes de facultades que cuentan con centros de estudiantes con personería jurídica.
5) Cuáles son las obras del repertorio representado por CADRA que son reprografiadas anualmente en los ámbitos asociados a las diversas unidades académicas que componen esta Universidad.
6) Cuál es el número de estudiantes de la UBA que hace uso del material reprografiado proveniente del repertorio de CADRA.
7) En base a qué fundamentos estatutarios se le atribuye a la UBA en el contrato, en su sección de declaraciones, el objetivo de “[luchar] contra la reproducción ilegal de obras protegidas por Derecho de Autor”.
8) Por qué vías se está brindando información a profesores, alumnos y autoridades acerca del contrato, tal como se compromete en la sección quinta.
9) De qué modo se están realizando los estudios estadísticos que permiten efectuar el reparto económico entre los titulares de derechos, según consigna la sección sexta.
10) Cuáles fueron los criterios que llevaron a determinar el límite permitido de reproducción de cada obra representada por CADRA en 20%, según establece la tercera sección del contrato.
Art 2 - De forma.
miércoles, 23 de noviembre de 2011
jueves, 17 de noviembre de 2011
El atraso intelectual de la propiedad intelectual
Por Emilio Cafassi para el Diario La República (Uruguay)
Disponible en http://www.lr21.com.uy/opinion/479416-el-atraso-intelectual-de-la-propiedad-intelectual
La semana pasada participé de una mesa redonda en la Universidad de Buenos Aires que me deparó algunas sorpresas explicables por el distanciamiento de la política universitaria activa, que, como toda distancia, produce ignorancia. La primera tuvo que ver con el grupo organizador, un pequeño conjunto de estudiantes llamado “coordinadora por los libros”. Poco importa en este caso que, a efectos de cierta legitimación, contara con el auspicio del centro de estudiantes y fuera declarado de interés institucional por la Facultad de Ciencias Sociales. Lo curioso y honroso a la vez- es que haya emergido un núcleo que se preocupa por cuestiones que los atañen directamente como la producción y circulación del conocimiento. Tal vez desde alguna ortodoxia de sacristía, que concibe las agregaciones políticas institucionales como replicación de las demarcaciones políticas nacionales, se le cuestione la estrechez de sus preocupaciones y hasta el carácter supuestamente desideologizado y posmoderno de las luchas parcializadas. Inversamente, creo que desde el develamiento de conflictos u opresiones de cualquier orden subyace un potencial de politización infinitamente más productivo y transformador que el propuesto por las tradiciones político-ideológicas clásicas, por más radicales que se autoconciban. De lo contrario resultarían inexplicables tanto el peso como los alcances reformistas de los movimientos sociales y sus luchas.
La segunda sorpresa surgió de la previa lectura del blog de estos jóvenes (coordinadoraporloslibros.blogspot.com) que me animó a aceptar la invitación. Allí se expone una noticia que no dudaría en calificar de escandalosa. En abril del 2009, el rector de la UBA, Rubén Hallú, firmó un convenio con el Centro de Administración de Derechos Reprográficos (Cadra) mediante el cual comprometió a la Universidad a pagar derechos de autor por las fotocopias que hacen sus estudiantes. Dicho convenio establece que se le deben abonar a Cadra $12,72 por estudiante por año (unos U$S 3). Multiplicado por 300.000 (la cantidad estimativa de estudiantes) el resultado es de $3.816.000 por año. Según el convenio, “dada la situación presupuestaria de la Universidad” se están abonando $240.000 anuales (unos U$S 60.000 de aquel momento). A ello se suma que este convenio no se debatió en el ámbito público y representativo del Consejo Superior. Cadra es una asociación civil relativamente reciente de gestión colectiva que representa y protege a una pequeña parte de los editores de libros y revistas y autores del país y es un claro enemigo de lo que Walter Benjamin denominaba reproductibilidad técnica, incluyendo la ya arcaica tecnología analógica de la fotocopia.
El debate fue convocado con el título “El derecho a estudiar…los derechos de autor. Propiedad intelectual, mundo editorial y libertad de difusión”. La tercera sorpresa fue que además de un abogado de esta asociación civil y de la Cámara Argentina del Libro (CAL) y una colega de la Fundación Vía Libre, participó el profesor Horacio Potel, un filósofo de la Universidad de Lanús que tuvo el raro privilegio de ser procesado por la CAL y que expuso su asombroso caso. Su “delito” fue haber creado dos sitios web sin fines de lucro donde se podían descargar de forma gratuita textos de Martin Heidegger y Jacques Derrida. La fiscalía pidió que se allanara el domicilio del profesor y se le intervinieran las cuentas de mail y el teléfono y hasta mencionó la posibilidad de enviarlo a la cárcel por un período de entre un mes y seis años, además de embargarlo por la suma de casi 40 sueldos de la universidad donde dicta ética y metodología. Previamente había creado una página dedicada a Nietzsche (nietzscheana.com.ar) que sin embargo no fue objeto de tratamiento penal por el tiempo transcurrido desde el fallecimiento del celebrado filósofo. En las páginas no había otra cosa que textos de los tres filósofos de su interés además de fotos, biografías, comentarios y enlaces. La causa parece haberse iniciado a instancias de la editorial “Les editions de minuit”, en cuyo catálogo figuran algunas obras de Derrida y que a través de la embajada francesa contactó a la CAL, quién inició la demanda. La mayoría de los textos publicados en las páginas jacquesderrida.com.ar y heideggeriana.com.ar no resultan asequibles aún queriéndolos comprar a cualquier precio ya que no se encuentran en librerías y menos aún en bibliotecas públicas. Afortunadamente, el profesor Potel fue recientemente sobreseído por el juez en este verdadero proceso kafkiano y, como reconoce, se ganó un militante para la causa más amplia de la cultura libre.
Tanto el convenio como este absurdo proceso judicial resultan un síntoma de la expansión de pretendidos derechos de Propiedad Intelectual en las últimas tres décadas, que fue una de las cuestiones abordadas en ese debate. Esta expansión surge de la necesidad del capitalismo de adecuarse a una etapa en la que las tecnologías dificultan la posibilidad de mercantilización de las artes, el conocimiento y la cultura. En verdad se trata de una generalización terminológica que involucra tanto ofensivas en materia de copyright como de patentes, ya sean industriales como biotecnológicas, o derechos de marcas. El período en que el capitalismo construyó mercancías sobre la base de la exclusión que permitían las instituciones de la propiedad privada física, concluyó para determinadas ramas de su producción. Ellas funcionaron muy bien durante toda su historia, hasta la irrupción del posfordismo o el período posindustrial, para impedir el acceso a la materia y la energía de los no propietarios. La propia oposición entre utilidad e intercambiabilidad de la mercancía impedía la realización simultánea del valor de uso y de cambio en un mismo agente económico. El propietario realizaba el valor de uso (consumiendo) o bien el valor de cambio (vendiéndolo). En ningún caso podía realizar ambas a la vez.
Sin embargo en las artes y el conocimiento, para designar rápida e imprecisamente a los bienes culturales, no se priva al poseedor de su goce por compartirlo. El hecho de que estas líneas sean leídas no me sustrae las ideas que contienen, ni soslaya o menoscaba mi carácter de autor. Ese insumo que la propiedad privada física no protege puede ahora (a diferencia de hace algunos años, producto del desarrollo tecnológico) multiplicarse y difundirse a velocidades inimaginables. Entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la masificación de los bienes culturales ha habido siempre una relación estrecha de fuerte realimentación. En determinados momentos de la historia, la ganancia privada permitió la difusión de las artes y el conocimiento porque se montó sobre el desarrollo tecnológico. El mejor ejemplo es el de Gutemberg pero fue hace algo más de 4 siglos. Si nos remitimos solo a los textos, una tecnología analógica de hace cuatro décadas como la fotocopiadora multiplicó aún más la socialización gutembergiana. Pero encontraremos ejemplos proporcionales en la música, en la fotografía o en el cine, que desembocan en una estructura tecnológica común: la digital (en el actual capitalismo cognitivo).
Por tal razón asistimos y asistiremos a una ofensiva ideológico-jurídica apoyada en un haz convergente de institutos jurídicos diversos y heterogéneos bajo el término de Propiedad Intelectual. Obviamente la apelación al significante “propiedad”, reuniendo todas las formas posibles de explotación monopólica en sociedades capitalistas, no es inocente ni carece de consecuencias ideológicas. Al contrario, ofensivas como las que traigo a colación aquí, expresan un modelo de terrorismo ideológico-jurídico con el apoyo de los grandes medios de comunicación que solo buscan atemorizar a la sociedad civil tomando casos testigos de judicialización. Su propósito último es impregnar el sentido común con una asimilación mecánica entre la propiedad privada física, cuya desaparición priva del goce y las prácticas solidarias de compartir bienes inmercantilizables. Se trata de acusar al solidario de delincuente y al monopolista que medra con la producción ajena de “socializador cultural”.
El cuestionamiento de los derechos monopólicos o de exclusividad con las obras, las invenciones, el conocimiento y el conjunto de los bienes culturales no necesariamente pone en cuestión al capitalismo, sino a sus aspectos más parasitarios y perversos. Los defensores de la propiedad intelectual, atrasan intelectualmente. Queda obviamente sin abordar aquí de qué viven o pueden vivir los autores y creadores, cosa que fue aludida en parte en el debate. En cualquier caso descartamos que vivan de sus editores y agentes, salvo alguna rara excepción, sino exactamente al revés: son los editores y los empresarios de la industria cultural los que viven de ellos y por esa razón defienden por todos los medios a su alcance el privilegio monopólico de la explotación en exclusividad.
Los autores necesitamos lectores y los lectores estamos ávidos de autores, sin depender necesariamente de embaladores o fabricantes de envases con sus industrias conexas que a ambos nos han tomado de rehenes y pretenden continuar obligando al pago de un rescate.
Disponible en http://www.lr21.com.uy/opinion/479416-el-atraso-intelectual-de-la-propiedad-intelectual
La semana pasada participé de una mesa redonda en la Universidad de Buenos Aires que me deparó algunas sorpresas explicables por el distanciamiento de la política universitaria activa, que, como toda distancia, produce ignorancia. La primera tuvo que ver con el grupo organizador, un pequeño conjunto de estudiantes llamado “coordinadora por los libros”. Poco importa en este caso que, a efectos de cierta legitimación, contara con el auspicio del centro de estudiantes y fuera declarado de interés institucional por la Facultad de Ciencias Sociales. Lo curioso y honroso a la vez- es que haya emergido un núcleo que se preocupa por cuestiones que los atañen directamente como la producción y circulación del conocimiento. Tal vez desde alguna ortodoxia de sacristía, que concibe las agregaciones políticas institucionales como replicación de las demarcaciones políticas nacionales, se le cuestione la estrechez de sus preocupaciones y hasta el carácter supuestamente desideologizado y posmoderno de las luchas parcializadas. Inversamente, creo que desde el develamiento de conflictos u opresiones de cualquier orden subyace un potencial de politización infinitamente más productivo y transformador que el propuesto por las tradiciones político-ideológicas clásicas, por más radicales que se autoconciban. De lo contrario resultarían inexplicables tanto el peso como los alcances reformistas de los movimientos sociales y sus luchas.
La segunda sorpresa surgió de la previa lectura del blog de estos jóvenes (coordinadoraporloslibros.blogspot.com) que me animó a aceptar la invitación. Allí se expone una noticia que no dudaría en calificar de escandalosa. En abril del 2009, el rector de la UBA, Rubén Hallú, firmó un convenio con el Centro de Administración de Derechos Reprográficos (Cadra) mediante el cual comprometió a la Universidad a pagar derechos de autor por las fotocopias que hacen sus estudiantes. Dicho convenio establece que se le deben abonar a Cadra $12,72 por estudiante por año (unos U$S 3). Multiplicado por 300.000 (la cantidad estimativa de estudiantes) el resultado es de $3.816.000 por año. Según el convenio, “dada la situación presupuestaria de la Universidad” se están abonando $240.000 anuales (unos U$S 60.000 de aquel momento). A ello se suma que este convenio no se debatió en el ámbito público y representativo del Consejo Superior. Cadra es una asociación civil relativamente reciente de gestión colectiva que representa y protege a una pequeña parte de los editores de libros y revistas y autores del país y es un claro enemigo de lo que Walter Benjamin denominaba reproductibilidad técnica, incluyendo la ya arcaica tecnología analógica de la fotocopia.
El debate fue convocado con el título “El derecho a estudiar…los derechos de autor. Propiedad intelectual, mundo editorial y libertad de difusión”. La tercera sorpresa fue que además de un abogado de esta asociación civil y de la Cámara Argentina del Libro (CAL) y una colega de la Fundación Vía Libre, participó el profesor Horacio Potel, un filósofo de la Universidad de Lanús que tuvo el raro privilegio de ser procesado por la CAL y que expuso su asombroso caso. Su “delito” fue haber creado dos sitios web sin fines de lucro donde se podían descargar de forma gratuita textos de Martin Heidegger y Jacques Derrida. La fiscalía pidió que se allanara el domicilio del profesor y se le intervinieran las cuentas de mail y el teléfono y hasta mencionó la posibilidad de enviarlo a la cárcel por un período de entre un mes y seis años, además de embargarlo por la suma de casi 40 sueldos de la universidad donde dicta ética y metodología. Previamente había creado una página dedicada a Nietzsche (nietzscheana.com.ar) que sin embargo no fue objeto de tratamiento penal por el tiempo transcurrido desde el fallecimiento del celebrado filósofo. En las páginas no había otra cosa que textos de los tres filósofos de su interés además de fotos, biografías, comentarios y enlaces. La causa parece haberse iniciado a instancias de la editorial “Les editions de minuit”, en cuyo catálogo figuran algunas obras de Derrida y que a través de la embajada francesa contactó a la CAL, quién inició la demanda. La mayoría de los textos publicados en las páginas jacquesderrida.com.ar y heideggeriana.com.ar no resultan asequibles aún queriéndolos comprar a cualquier precio ya que no se encuentran en librerías y menos aún en bibliotecas públicas. Afortunadamente, el profesor Potel fue recientemente sobreseído por el juez en este verdadero proceso kafkiano y, como reconoce, se ganó un militante para la causa más amplia de la cultura libre.
Tanto el convenio como este absurdo proceso judicial resultan un síntoma de la expansión de pretendidos derechos de Propiedad Intelectual en las últimas tres décadas, que fue una de las cuestiones abordadas en ese debate. Esta expansión surge de la necesidad del capitalismo de adecuarse a una etapa en la que las tecnologías dificultan la posibilidad de mercantilización de las artes, el conocimiento y la cultura. En verdad se trata de una generalización terminológica que involucra tanto ofensivas en materia de copyright como de patentes, ya sean industriales como biotecnológicas, o derechos de marcas. El período en que el capitalismo construyó mercancías sobre la base de la exclusión que permitían las instituciones de la propiedad privada física, concluyó para determinadas ramas de su producción. Ellas funcionaron muy bien durante toda su historia, hasta la irrupción del posfordismo o el período posindustrial, para impedir el acceso a la materia y la energía de los no propietarios. La propia oposición entre utilidad e intercambiabilidad de la mercancía impedía la realización simultánea del valor de uso y de cambio en un mismo agente económico. El propietario realizaba el valor de uso (consumiendo) o bien el valor de cambio (vendiéndolo). En ningún caso podía realizar ambas a la vez.
Sin embargo en las artes y el conocimiento, para designar rápida e imprecisamente a los bienes culturales, no se priva al poseedor de su goce por compartirlo. El hecho de que estas líneas sean leídas no me sustrae las ideas que contienen, ni soslaya o menoscaba mi carácter de autor. Ese insumo que la propiedad privada física no protege puede ahora (a diferencia de hace algunos años, producto del desarrollo tecnológico) multiplicarse y difundirse a velocidades inimaginables. Entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la masificación de los bienes culturales ha habido siempre una relación estrecha de fuerte realimentación. En determinados momentos de la historia, la ganancia privada permitió la difusión de las artes y el conocimiento porque se montó sobre el desarrollo tecnológico. El mejor ejemplo es el de Gutemberg pero fue hace algo más de 4 siglos. Si nos remitimos solo a los textos, una tecnología analógica de hace cuatro décadas como la fotocopiadora multiplicó aún más la socialización gutembergiana. Pero encontraremos ejemplos proporcionales en la música, en la fotografía o en el cine, que desembocan en una estructura tecnológica común: la digital (en el actual capitalismo cognitivo).
Por tal razón asistimos y asistiremos a una ofensiva ideológico-jurídica apoyada en un haz convergente de institutos jurídicos diversos y heterogéneos bajo el término de Propiedad Intelectual. Obviamente la apelación al significante “propiedad”, reuniendo todas las formas posibles de explotación monopólica en sociedades capitalistas, no es inocente ni carece de consecuencias ideológicas. Al contrario, ofensivas como las que traigo a colación aquí, expresan un modelo de terrorismo ideológico-jurídico con el apoyo de los grandes medios de comunicación que solo buscan atemorizar a la sociedad civil tomando casos testigos de judicialización. Su propósito último es impregnar el sentido común con una asimilación mecánica entre la propiedad privada física, cuya desaparición priva del goce y las prácticas solidarias de compartir bienes inmercantilizables. Se trata de acusar al solidario de delincuente y al monopolista que medra con la producción ajena de “socializador cultural”.
El cuestionamiento de los derechos monopólicos o de exclusividad con las obras, las invenciones, el conocimiento y el conjunto de los bienes culturales no necesariamente pone en cuestión al capitalismo, sino a sus aspectos más parasitarios y perversos. Los defensores de la propiedad intelectual, atrasan intelectualmente. Queda obviamente sin abordar aquí de qué viven o pueden vivir los autores y creadores, cosa que fue aludida en parte en el debate. En cualquier caso descartamos que vivan de sus editores y agentes, salvo alguna rara excepción, sino exactamente al revés: son los editores y los empresarios de la industria cultural los que viven de ellos y por esa razón defienden por todos los medios a su alcance el privilegio monopólico de la explotación en exclusividad.
Los autores necesitamos lectores y los lectores estamos ávidos de autores, sin depender necesariamente de embaladores o fabricantes de envases con sus industrias conexas que a ambos nos han tomado de rehenes y pretenden continuar obligando al pago de un rescate.
Uno, dos, infinitos tomates
Por Esteban Magnani
Los cambios concretos y masivos que genera Internet cuestionan lo que hasta ahora era aceptado como simple “sentido común”. Este pensamiento acrítico daba por sentado, entre otras cosas, que los derechos de autor eran una forma de proteger la creatividad y, por lo tanto, beneficiar a todos. Sin embargo, hay buenos argumentos para pensar que el supuesto retroceso es en realidad un avance que permitirá reducir la brecha cultural y abrir las puertas a una sociedad más equilibrada. Desde enfrente el lobby que depende de la producción artística (no necesariamente los artistas en sí) pelea por leyes que le aseguren seguir viviendo de la creatividad ajena. El caso del Canon Digital es un buen ejemplo de una pulseada para retener las ganancias que se escapan entre los dedos de las grandes empresas y corporaciones.
Mal que nos pese, son pocas las ideas que por sí mismas pueden incidir sobre la realidad a partir de hacer que “la gente tome conciencia”. La historia parece demostrar que los cambios sociales profundos se detonan por una hambruna generalizada, el desarrollo de nuevas tecnologías o una nueva correlación de fuerzas económicas, más que por ideas libertarias de iluminados. Sin embargo, las ideas nuevas pueden resultar fundamentales para reorganizar el vacío dejado por lo anterior y darle cohesión a lo nuevo y, por lo tanto, mayor fuerza. De alguna manera, el fenómeno de la “piratería”, como lo llaman algunos, o de “democratización de la información”, como lo llaman otros, está sufriendo el mismo proceso. La posibilidad concreta de copiar y distribuir hasta el infinito todo lo digitalizable empieza a mostrar las fisuras de una lógica de apropiación del conocimiento, instalada hasta ahora como sentido común.
Es que esta nueva posibilidad, demonizada por quienes pierden control sobre su mercancía, viene acompañada por una lógica acerca de cómo distribuir el conocimiento. El concepto principal es el copyleft, es decir, la posibilidad de utilizar los derechos de autor de tal manera que permitan que la obra propia sea reutilizada, manipulada, copiada o redistribuida para que llegue a mucha más gente. Esta lógica es contraria a la que indica que el autor tiene que cercar su propiedad privada intelectual y cobrar peaje por su uso aun a costa de aislarla.
Esta novedad que parece tan revolucionaria es, en realidad, la forma en la que circulaba el conocimiento hace unos pocos siglos y permitía que, por ejemplo, Kepler y Galileo, en lugar de escatimarse información para tener prioridad de derechos sobre tal o cual descubrimiento, compartieran sus conocimientos para beneficio del conjunto.
PARA TODOS, TODO
La lógica actual, la misma que ahora está en disputa, indica que el autor hace de su producción creativa la fuente de ingresos que le permite vivir decentemente o, en caso de tener mucho éxito, un poco más. Es decir, que si no fuera por los derechos que cobra regularmente, el autor debería dedicarse a otra cosa y la sociedad iría perdiendo artistas. Según Franco Iacomella, especialista en Cultura Libre de Flacso Virtual, esto no es tan así: “En realidad, casi ningún autor vive de los derechos que cobra. Los principales interesados en mantener el sistema son las organizaciones intermedias del tipo de Sadaic (Sociedad Argentina de Autores y Compositores), Cadra (Cámara Argentina de Derechos Reprográficos), Capif (Cámara Argentina de Productores e Industriales de Fono Videogramas), o las empresas como las discográficas que se quedan con el grueso de los ingresos y pierden su negocio si la información circula libremente”. Según Iacomella, el problema de estas organizaciones es que la digitalización e Internet multiplican la información hasta el infinito, por lo que deben regularla artificialmente para no perder el negocio.
El resultado de ese control es que el autor por ganar, eventualmente, unos pesos, pierde la posibilidad de multiplicar sus seguidores e incluso facturar más gracias a ellos sin tanta mediación.
El mundo digital permite una lógica totalmente distinta que hace prescindibles las empresas o incluso las organizaciones intermedias, posibilidad que ya está siendo aprovechada por numerosos autores. El ejemplo más obvio es el del software libre en el que la comunidad contribuye con innovaciones para que el sistema sea cada vez mejor. La velocidad con la que mejoraron los programas de este tipo ha demostrado que el conjunto no sólo se beneficia porque son mayoritariamente gratuitos, sino también porque van innovando mucho más rápido gracias al trabajo de millones de personas que acceden al código y lo modifican. Justamente, como se dijo antes, el conocimiento avanzó durante siglos gracias a que científicos y pensadores compartían lo que habían averiguado para que otros pudieran subirse “a hombros de gigantes”.
Son cada vez más los músicos que comprenden que los derechos de autor no les permitirán vivir y que sin discográficas de por medio serán muchos más los que los escuchen y asistan a sus shows: ¿No debería ser ésa la prioridad del artista? Tanto por razones ideológicas como egoístas, evitar intermediarios los puede beneficiar. Incluso una banda tan conocida como Radiohead grabó su CD In Rainbows independientemente y ofreció en su sitio la posibilidad de bajarlo a cambio de un pago “a voluntad”. Además, quienes lo deseaban podían comprar el disco físico, que les sería enviado por correo. La libertad no impidió que en su primer año el disco vendiera cerca de tres millones de copias físicas y que haya recaudado varios millones más por las canciones bajadas directamente. Pero probablemente lo más importante es que su público se amplió aún más gracias a esta posibilidad que, de cualquier manera, ya existía. Si no puedes contra tu enemigo...
Otros proyectos más modestos, pero incluso más novedosos, provienen del mundo editorial. Por un lado existen proyectos como el de Libros Libres (ver recuadro) que permiten rescatar del olvido seguro a obras académicas; pero también hay emprendimientos que subvierten una forma de hacer negocios. Es el caso de la revista Orsai, del escritor Hernán Casciari, que desde su ascética tapa sintetiza “Nadie en el medio”. Casciari, cansado de ver sus escritos arrinconados por las publicidades y recortados por los editores, decidió aprovechar lo que permitía la tecnología. Su revista en papel se vende por suscripción a través de Internet y una comunidad de seguidores, y su contenido se publica en PDF para que todo el mundo lo pueda leer. El primer número vendió más de 10.000 copias, lo que permitió que todos los colaboradores cobraran, algo que no era seguro. Y es leído gratis por miles de personas más a través de orsai.es.
Justamente, en esa revista el abogado español David Bravo citaba recientemente a Javier Bardem, quien en un artículo de El País utilizaba una metáfora poco afortunada para explicar la “piratería”. Según el actor español, una máquina capaz de fotocopiar tomates produciría un gran daño a los granjeros. Evidentemente Bardem no veía que si bien los granjeros en ese caso tendrían que buscarse conchabo, el resto de la humanidad podría beneficiarse con una provisión infinita de tomates que resolverían cuestiones un poco más relevantes como el hambre. Obviamente, tal máquina no existe para los tomates, pero sí es posible reproducir bienes culturales hasta el infinito. ¿Por qué no aprovecharlo para distribuir conocimiento y reducir la brecha cultural? El problema se vuelve mucho más grave si se incluye en esta lógica restrictiva no sólo al arte y al conocimiento, sino también a lo que está pasando con el patentamiento de genes, semillas o incluso moléculas.
A ALAMBRAR
La OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) es una organización de Naciones Unidas que busca, al menos en teoría, defender los derechos de los autores como forma de “estimular la actividad creadora”. Es decir que creen que si no fuera porque las organizaciones y empresas recaudan dinero para los autores, ya no habría creación. Es la misma lógica que indica que bajar una película de Internet es comparable con robar un bolso o que propone que las bibliotecas paguen regalías por los libros que prestan y, teóricamente, hacen perder ventas a las editoriales. ¿Pero de quién es el bolso en este caso? La mayoría de los autores parece mostrarse prescindente en esta disputa.
Iacomella da un ejemplo de cómo funciona esto: “Cadra, el Centro de Administración de Derechos Reprográficos, que existe desde hace unos dos años y representa a una minoría de autores, sobre todo académicos, presionó a la UBA, que ahora le pagará casi 4 millones de pesos anuales para ser autorizada a fotocopiar bibliografía. Luego distribuye parte del dinero entre los miembros de la organización, en su mayoría autores que no se leen en la universidad. Pero como no todos los autores fotocopiados están asociados, en realidad la UBA podría igualmente ser demandada por otros”. ¿Cuánto cobrarán los deudos de Bourdieu o Foucault de este dinero?
Son muchas las organizaciones que están pensando la forma de cambiar esta inercia restrictiva y plantear el desarrollo de una cultura libre contra una embestida que parece anacrónica. ¿Por qué elegir esta lucha entre tantas posibles? Como explica Laura Marotias, del equipo de Flacso Virtual: “Tiene que ver con la circulación de la información y el valor que tiene en esta etapa del desarrollo capitalista. En una sociedad de conocimiento lo que produce valor es, justamente, el conocimiento; distribuirlo es una forma de democratizar”.
Fuente: Página/12.