Luego de que las Juntas de Carrera de Sociología y Ciencias de la Comunicación expresaran su rechazo al contrato entre la UBA y CADRA, el día martes 22 de noviembre, en la última sesión del año del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales, se aprobó, con 12 votos a favor y 1 en contra, nuestro proyecto de pedido de informes al Rectorado acerca de las irregularidades existentes en dicho acuerdo. El asedio recién comienza...
Reproducimos a continuación la resolución aprobada.
El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales resuelve:
Art 1 - Elevar al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires un pedido de informes en el que consten explicaciones acerca de los siguientes puntos:
1) Cuáles fueron los criterios tomados en cuenta para la firma del contrato, teniendo en cuenta la falta de representatividad de la totalidad de las editoriales por parte de CADRA, dado que en esta entidad se enmarcan 160 editoriales, dentro de un universo de más de 570 que representa la Cámara Argentina del Libro y la Cámara Argentina de Publicaciones.
2) Cómo se determinó el monto a pagar por esta Universidad de $0,80 anuales por estudiante, y cuáles fueron los criterios para reducir los $12,72 que se estipularon inicialmente.
3) Qué motivos llevaron a considerar la población universitaria en 300.000 estudiantes, número sobre el cual se determinó el monto anual final pagado por la Universidad, y por qué desestimaron precisiones en base a datos censales o de inscripciones.
4) Por qué se especifica que el contrato sólo es válido para las fotocopias realizadas en fotocopiadoras de los centros de estudiantes con personería jurídica, según consigna la sección primera del contrato, si bien, por el otro lado, se hace el cálculo del monto anual en base a la estimación total de estudiantes de la UBA y no al total de estudiantes de facultades que cuentan con centros de estudiantes con personería jurídica.
5) Cuáles son las obras del repertorio representado por CADRA que son reprografiadas anualmente en los ámbitos asociados a las diversas unidades académicas que componen esta Universidad.
6) Cuál es el número de estudiantes de la UBA que hace uso del material reprografiado proveniente del repertorio de CADRA.
7) En base a qué fundamentos estatutarios se le atribuye a la UBA en el contrato, en su sección de declaraciones, el objetivo de “[luchar] contra la reproducción ilegal de obras protegidas por Derecho de Autor”.
8) Por qué vías se está brindando información a profesores, alumnos y autoridades acerca del contrato, tal como se compromete en la sección quinta.
9) De qué modo se están realizando los estudios estadísticos que permiten efectuar el reparto económico entre los titulares de derechos, según consigna la sección sexta.
10) Cuáles fueron los criterios que llevaron a determinar el límite permitido de reproducción de cada obra representada por CADRA en 20%, según establece la tercera sección del contrato.
Art 2 - De forma.
miércoles, 23 de noviembre de 2011
jueves, 17 de noviembre de 2011
El atraso intelectual de la propiedad intelectual
Por Emilio Cafassi para el Diario La República (Uruguay)
Disponible en http://www.lr21.com.uy/opinion/479416-el-atraso-intelectual-de-la-propiedad-intelectual
La semana pasada participé de una mesa redonda en la Universidad de Buenos Aires que me deparó algunas sorpresas explicables por el distanciamiento de la política universitaria activa, que, como toda distancia, produce ignorancia. La primera tuvo que ver con el grupo organizador, un pequeño conjunto de estudiantes llamado “coordinadora por los libros”. Poco importa en este caso que, a efectos de cierta legitimación, contara con el auspicio del centro de estudiantes y fuera declarado de interés institucional por la Facultad de Ciencias Sociales. Lo curioso y honroso a la vez- es que haya emergido un núcleo que se preocupa por cuestiones que los atañen directamente como la producción y circulación del conocimiento. Tal vez desde alguna ortodoxia de sacristía, que concibe las agregaciones políticas institucionales como replicación de las demarcaciones políticas nacionales, se le cuestione la estrechez de sus preocupaciones y hasta el carácter supuestamente desideologizado y posmoderno de las luchas parcializadas. Inversamente, creo que desde el develamiento de conflictos u opresiones de cualquier orden subyace un potencial de politización infinitamente más productivo y transformador que el propuesto por las tradiciones político-ideológicas clásicas, por más radicales que se autoconciban. De lo contrario resultarían inexplicables tanto el peso como los alcances reformistas de los movimientos sociales y sus luchas.
La segunda sorpresa surgió de la previa lectura del blog de estos jóvenes (coordinadoraporloslibros.blogspot.com) que me animó a aceptar la invitación. Allí se expone una noticia que no dudaría en calificar de escandalosa. En abril del 2009, el rector de la UBA, Rubén Hallú, firmó un convenio con el Centro de Administración de Derechos Reprográficos (Cadra) mediante el cual comprometió a la Universidad a pagar derechos de autor por las fotocopias que hacen sus estudiantes. Dicho convenio establece que se le deben abonar a Cadra $12,72 por estudiante por año (unos U$S 3). Multiplicado por 300.000 (la cantidad estimativa de estudiantes) el resultado es de $3.816.000 por año. Según el convenio, “dada la situación presupuestaria de la Universidad” se están abonando $240.000 anuales (unos U$S 60.000 de aquel momento). A ello se suma que este convenio no se debatió en el ámbito público y representativo del Consejo Superior. Cadra es una asociación civil relativamente reciente de gestión colectiva que representa y protege a una pequeña parte de los editores de libros y revistas y autores del país y es un claro enemigo de lo que Walter Benjamin denominaba reproductibilidad técnica, incluyendo la ya arcaica tecnología analógica de la fotocopia.
El debate fue convocado con el título “El derecho a estudiar…los derechos de autor. Propiedad intelectual, mundo editorial y libertad de difusión”. La tercera sorpresa fue que además de un abogado de esta asociación civil y de la Cámara Argentina del Libro (CAL) y una colega de la Fundación Vía Libre, participó el profesor Horacio Potel, un filósofo de la Universidad de Lanús que tuvo el raro privilegio de ser procesado por la CAL y que expuso su asombroso caso. Su “delito” fue haber creado dos sitios web sin fines de lucro donde se podían descargar de forma gratuita textos de Martin Heidegger y Jacques Derrida. La fiscalía pidió que se allanara el domicilio del profesor y se le intervinieran las cuentas de mail y el teléfono y hasta mencionó la posibilidad de enviarlo a la cárcel por un período de entre un mes y seis años, además de embargarlo por la suma de casi 40 sueldos de la universidad donde dicta ética y metodología. Previamente había creado una página dedicada a Nietzsche (nietzscheana.com.ar) que sin embargo no fue objeto de tratamiento penal por el tiempo transcurrido desde el fallecimiento del celebrado filósofo. En las páginas no había otra cosa que textos de los tres filósofos de su interés además de fotos, biografías, comentarios y enlaces. La causa parece haberse iniciado a instancias de la editorial “Les editions de minuit”, en cuyo catálogo figuran algunas obras de Derrida y que a través de la embajada francesa contactó a la CAL, quién inició la demanda. La mayoría de los textos publicados en las páginas jacquesderrida.com.ar y heideggeriana.com.ar no resultan asequibles aún queriéndolos comprar a cualquier precio ya que no se encuentran en librerías y menos aún en bibliotecas públicas. Afortunadamente, el profesor Potel fue recientemente sobreseído por el juez en este verdadero proceso kafkiano y, como reconoce, se ganó un militante para la causa más amplia de la cultura libre.
Tanto el convenio como este absurdo proceso judicial resultan un síntoma de la expansión de pretendidos derechos de Propiedad Intelectual en las últimas tres décadas, que fue una de las cuestiones abordadas en ese debate. Esta expansión surge de la necesidad del capitalismo de adecuarse a una etapa en la que las tecnologías dificultan la posibilidad de mercantilización de las artes, el conocimiento y la cultura. En verdad se trata de una generalización terminológica que involucra tanto ofensivas en materia de copyright como de patentes, ya sean industriales como biotecnológicas, o derechos de marcas. El período en que el capitalismo construyó mercancías sobre la base de la exclusión que permitían las instituciones de la propiedad privada física, concluyó para determinadas ramas de su producción. Ellas funcionaron muy bien durante toda su historia, hasta la irrupción del posfordismo o el período posindustrial, para impedir el acceso a la materia y la energía de los no propietarios. La propia oposición entre utilidad e intercambiabilidad de la mercancía impedía la realización simultánea del valor de uso y de cambio en un mismo agente económico. El propietario realizaba el valor de uso (consumiendo) o bien el valor de cambio (vendiéndolo). En ningún caso podía realizar ambas a la vez.
Sin embargo en las artes y el conocimiento, para designar rápida e imprecisamente a los bienes culturales, no se priva al poseedor de su goce por compartirlo. El hecho de que estas líneas sean leídas no me sustrae las ideas que contienen, ni soslaya o menoscaba mi carácter de autor. Ese insumo que la propiedad privada física no protege puede ahora (a diferencia de hace algunos años, producto del desarrollo tecnológico) multiplicarse y difundirse a velocidades inimaginables. Entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la masificación de los bienes culturales ha habido siempre una relación estrecha de fuerte realimentación. En determinados momentos de la historia, la ganancia privada permitió la difusión de las artes y el conocimiento porque se montó sobre el desarrollo tecnológico. El mejor ejemplo es el de Gutemberg pero fue hace algo más de 4 siglos. Si nos remitimos solo a los textos, una tecnología analógica de hace cuatro décadas como la fotocopiadora multiplicó aún más la socialización gutembergiana. Pero encontraremos ejemplos proporcionales en la música, en la fotografía o en el cine, que desembocan en una estructura tecnológica común: la digital (en el actual capitalismo cognitivo).
Por tal razón asistimos y asistiremos a una ofensiva ideológico-jurídica apoyada en un haz convergente de institutos jurídicos diversos y heterogéneos bajo el término de Propiedad Intelectual. Obviamente la apelación al significante “propiedad”, reuniendo todas las formas posibles de explotación monopólica en sociedades capitalistas, no es inocente ni carece de consecuencias ideológicas. Al contrario, ofensivas como las que traigo a colación aquí, expresan un modelo de terrorismo ideológico-jurídico con el apoyo de los grandes medios de comunicación que solo buscan atemorizar a la sociedad civil tomando casos testigos de judicialización. Su propósito último es impregnar el sentido común con una asimilación mecánica entre la propiedad privada física, cuya desaparición priva del goce y las prácticas solidarias de compartir bienes inmercantilizables. Se trata de acusar al solidario de delincuente y al monopolista que medra con la producción ajena de “socializador cultural”.
El cuestionamiento de los derechos monopólicos o de exclusividad con las obras, las invenciones, el conocimiento y el conjunto de los bienes culturales no necesariamente pone en cuestión al capitalismo, sino a sus aspectos más parasitarios y perversos. Los defensores de la propiedad intelectual, atrasan intelectualmente. Queda obviamente sin abordar aquí de qué viven o pueden vivir los autores y creadores, cosa que fue aludida en parte en el debate. En cualquier caso descartamos que vivan de sus editores y agentes, salvo alguna rara excepción, sino exactamente al revés: son los editores y los empresarios de la industria cultural los que viven de ellos y por esa razón defienden por todos los medios a su alcance el privilegio monopólico de la explotación en exclusividad.
Los autores necesitamos lectores y los lectores estamos ávidos de autores, sin depender necesariamente de embaladores o fabricantes de envases con sus industrias conexas que a ambos nos han tomado de rehenes y pretenden continuar obligando al pago de un rescate.
Disponible en http://www.lr21.com.uy/opinion/479416-el-atraso-intelectual-de-la-propiedad-intelectual
La semana pasada participé de una mesa redonda en la Universidad de Buenos Aires que me deparó algunas sorpresas explicables por el distanciamiento de la política universitaria activa, que, como toda distancia, produce ignorancia. La primera tuvo que ver con el grupo organizador, un pequeño conjunto de estudiantes llamado “coordinadora por los libros”. Poco importa en este caso que, a efectos de cierta legitimación, contara con el auspicio del centro de estudiantes y fuera declarado de interés institucional por la Facultad de Ciencias Sociales. Lo curioso y honroso a la vez- es que haya emergido un núcleo que se preocupa por cuestiones que los atañen directamente como la producción y circulación del conocimiento. Tal vez desde alguna ortodoxia de sacristía, que concibe las agregaciones políticas institucionales como replicación de las demarcaciones políticas nacionales, se le cuestione la estrechez de sus preocupaciones y hasta el carácter supuestamente desideologizado y posmoderno de las luchas parcializadas. Inversamente, creo que desde el develamiento de conflictos u opresiones de cualquier orden subyace un potencial de politización infinitamente más productivo y transformador que el propuesto por las tradiciones político-ideológicas clásicas, por más radicales que se autoconciban. De lo contrario resultarían inexplicables tanto el peso como los alcances reformistas de los movimientos sociales y sus luchas.
La segunda sorpresa surgió de la previa lectura del blog de estos jóvenes (coordinadoraporloslibros.blogspot.com) que me animó a aceptar la invitación. Allí se expone una noticia que no dudaría en calificar de escandalosa. En abril del 2009, el rector de la UBA, Rubén Hallú, firmó un convenio con el Centro de Administración de Derechos Reprográficos (Cadra) mediante el cual comprometió a la Universidad a pagar derechos de autor por las fotocopias que hacen sus estudiantes. Dicho convenio establece que se le deben abonar a Cadra $12,72 por estudiante por año (unos U$S 3). Multiplicado por 300.000 (la cantidad estimativa de estudiantes) el resultado es de $3.816.000 por año. Según el convenio, “dada la situación presupuestaria de la Universidad” se están abonando $240.000 anuales (unos U$S 60.000 de aquel momento). A ello se suma que este convenio no se debatió en el ámbito público y representativo del Consejo Superior. Cadra es una asociación civil relativamente reciente de gestión colectiva que representa y protege a una pequeña parte de los editores de libros y revistas y autores del país y es un claro enemigo de lo que Walter Benjamin denominaba reproductibilidad técnica, incluyendo la ya arcaica tecnología analógica de la fotocopia.
El debate fue convocado con el título “El derecho a estudiar…los derechos de autor. Propiedad intelectual, mundo editorial y libertad de difusión”. La tercera sorpresa fue que además de un abogado de esta asociación civil y de la Cámara Argentina del Libro (CAL) y una colega de la Fundación Vía Libre, participó el profesor Horacio Potel, un filósofo de la Universidad de Lanús que tuvo el raro privilegio de ser procesado por la CAL y que expuso su asombroso caso. Su “delito” fue haber creado dos sitios web sin fines de lucro donde se podían descargar de forma gratuita textos de Martin Heidegger y Jacques Derrida. La fiscalía pidió que se allanara el domicilio del profesor y se le intervinieran las cuentas de mail y el teléfono y hasta mencionó la posibilidad de enviarlo a la cárcel por un período de entre un mes y seis años, además de embargarlo por la suma de casi 40 sueldos de la universidad donde dicta ética y metodología. Previamente había creado una página dedicada a Nietzsche (nietzscheana.com.ar) que sin embargo no fue objeto de tratamiento penal por el tiempo transcurrido desde el fallecimiento del celebrado filósofo. En las páginas no había otra cosa que textos de los tres filósofos de su interés además de fotos, biografías, comentarios y enlaces. La causa parece haberse iniciado a instancias de la editorial “Les editions de minuit”, en cuyo catálogo figuran algunas obras de Derrida y que a través de la embajada francesa contactó a la CAL, quién inició la demanda. La mayoría de los textos publicados en las páginas jacquesderrida.com.ar y heideggeriana.com.ar no resultan asequibles aún queriéndolos comprar a cualquier precio ya que no se encuentran en librerías y menos aún en bibliotecas públicas. Afortunadamente, el profesor Potel fue recientemente sobreseído por el juez en este verdadero proceso kafkiano y, como reconoce, se ganó un militante para la causa más amplia de la cultura libre.
Tanto el convenio como este absurdo proceso judicial resultan un síntoma de la expansión de pretendidos derechos de Propiedad Intelectual en las últimas tres décadas, que fue una de las cuestiones abordadas en ese debate. Esta expansión surge de la necesidad del capitalismo de adecuarse a una etapa en la que las tecnologías dificultan la posibilidad de mercantilización de las artes, el conocimiento y la cultura. En verdad se trata de una generalización terminológica que involucra tanto ofensivas en materia de copyright como de patentes, ya sean industriales como biotecnológicas, o derechos de marcas. El período en que el capitalismo construyó mercancías sobre la base de la exclusión que permitían las instituciones de la propiedad privada física, concluyó para determinadas ramas de su producción. Ellas funcionaron muy bien durante toda su historia, hasta la irrupción del posfordismo o el período posindustrial, para impedir el acceso a la materia y la energía de los no propietarios. La propia oposición entre utilidad e intercambiabilidad de la mercancía impedía la realización simultánea del valor de uso y de cambio en un mismo agente económico. El propietario realizaba el valor de uso (consumiendo) o bien el valor de cambio (vendiéndolo). En ningún caso podía realizar ambas a la vez.
Sin embargo en las artes y el conocimiento, para designar rápida e imprecisamente a los bienes culturales, no se priva al poseedor de su goce por compartirlo. El hecho de que estas líneas sean leídas no me sustrae las ideas que contienen, ni soslaya o menoscaba mi carácter de autor. Ese insumo que la propiedad privada física no protege puede ahora (a diferencia de hace algunos años, producto del desarrollo tecnológico) multiplicarse y difundirse a velocidades inimaginables. Entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la masificación de los bienes culturales ha habido siempre una relación estrecha de fuerte realimentación. En determinados momentos de la historia, la ganancia privada permitió la difusión de las artes y el conocimiento porque se montó sobre el desarrollo tecnológico. El mejor ejemplo es el de Gutemberg pero fue hace algo más de 4 siglos. Si nos remitimos solo a los textos, una tecnología analógica de hace cuatro décadas como la fotocopiadora multiplicó aún más la socialización gutembergiana. Pero encontraremos ejemplos proporcionales en la música, en la fotografía o en el cine, que desembocan en una estructura tecnológica común: la digital (en el actual capitalismo cognitivo).
Por tal razón asistimos y asistiremos a una ofensiva ideológico-jurídica apoyada en un haz convergente de institutos jurídicos diversos y heterogéneos bajo el término de Propiedad Intelectual. Obviamente la apelación al significante “propiedad”, reuniendo todas las formas posibles de explotación monopólica en sociedades capitalistas, no es inocente ni carece de consecuencias ideológicas. Al contrario, ofensivas como las que traigo a colación aquí, expresan un modelo de terrorismo ideológico-jurídico con el apoyo de los grandes medios de comunicación que solo buscan atemorizar a la sociedad civil tomando casos testigos de judicialización. Su propósito último es impregnar el sentido común con una asimilación mecánica entre la propiedad privada física, cuya desaparición priva del goce y las prácticas solidarias de compartir bienes inmercantilizables. Se trata de acusar al solidario de delincuente y al monopolista que medra con la producción ajena de “socializador cultural”.
El cuestionamiento de los derechos monopólicos o de exclusividad con las obras, las invenciones, el conocimiento y el conjunto de los bienes culturales no necesariamente pone en cuestión al capitalismo, sino a sus aspectos más parasitarios y perversos. Los defensores de la propiedad intelectual, atrasan intelectualmente. Queda obviamente sin abordar aquí de qué viven o pueden vivir los autores y creadores, cosa que fue aludida en parte en el debate. En cualquier caso descartamos que vivan de sus editores y agentes, salvo alguna rara excepción, sino exactamente al revés: son los editores y los empresarios de la industria cultural los que viven de ellos y por esa razón defienden por todos los medios a su alcance el privilegio monopólico de la explotación en exclusividad.
Los autores necesitamos lectores y los lectores estamos ávidos de autores, sin depender necesariamente de embaladores o fabricantes de envases con sus industrias conexas que a ambos nos han tomado de rehenes y pretenden continuar obligando al pago de un rescate.
Uno, dos, infinitos tomates
Por Esteban Magnani
Los cambios concretos y masivos que genera Internet cuestionan lo que hasta ahora era aceptado como simple “sentido común”. Este pensamiento acrítico daba por sentado, entre otras cosas, que los derechos de autor eran una forma de proteger la creatividad y, por lo tanto, beneficiar a todos. Sin embargo, hay buenos argumentos para pensar que el supuesto retroceso es en realidad un avance que permitirá reducir la brecha cultural y abrir las puertas a una sociedad más equilibrada. Desde enfrente el lobby que depende de la producción artística (no necesariamente los artistas en sí) pelea por leyes que le aseguren seguir viviendo de la creatividad ajena. El caso del Canon Digital es un buen ejemplo de una pulseada para retener las ganancias que se escapan entre los dedos de las grandes empresas y corporaciones.
Mal que nos pese, son pocas las ideas que por sí mismas pueden incidir sobre la realidad a partir de hacer que “la gente tome conciencia”. La historia parece demostrar que los cambios sociales profundos se detonan por una hambruna generalizada, el desarrollo de nuevas tecnologías o una nueva correlación de fuerzas económicas, más que por ideas libertarias de iluminados. Sin embargo, las ideas nuevas pueden resultar fundamentales para reorganizar el vacío dejado por lo anterior y darle cohesión a lo nuevo y, por lo tanto, mayor fuerza. De alguna manera, el fenómeno de la “piratería”, como lo llaman algunos, o de “democratización de la información”, como lo llaman otros, está sufriendo el mismo proceso. La posibilidad concreta de copiar y distribuir hasta el infinito todo lo digitalizable empieza a mostrar las fisuras de una lógica de apropiación del conocimiento, instalada hasta ahora como sentido común.
Es que esta nueva posibilidad, demonizada por quienes pierden control sobre su mercancía, viene acompañada por una lógica acerca de cómo distribuir el conocimiento. El concepto principal es el copyleft, es decir, la posibilidad de utilizar los derechos de autor de tal manera que permitan que la obra propia sea reutilizada, manipulada, copiada o redistribuida para que llegue a mucha más gente. Esta lógica es contraria a la que indica que el autor tiene que cercar su propiedad privada intelectual y cobrar peaje por su uso aun a costa de aislarla.
Esta novedad que parece tan revolucionaria es, en realidad, la forma en la que circulaba el conocimiento hace unos pocos siglos y permitía que, por ejemplo, Kepler y Galileo, en lugar de escatimarse información para tener prioridad de derechos sobre tal o cual descubrimiento, compartieran sus conocimientos para beneficio del conjunto.
PARA TODOS, TODO
La lógica actual, la misma que ahora está en disputa, indica que el autor hace de su producción creativa la fuente de ingresos que le permite vivir decentemente o, en caso de tener mucho éxito, un poco más. Es decir, que si no fuera por los derechos que cobra regularmente, el autor debería dedicarse a otra cosa y la sociedad iría perdiendo artistas. Según Franco Iacomella, especialista en Cultura Libre de Flacso Virtual, esto no es tan así: “En realidad, casi ningún autor vive de los derechos que cobra. Los principales interesados en mantener el sistema son las organizaciones intermedias del tipo de Sadaic (Sociedad Argentina de Autores y Compositores), Cadra (Cámara Argentina de Derechos Reprográficos), Capif (Cámara Argentina de Productores e Industriales de Fono Videogramas), o las empresas como las discográficas que se quedan con el grueso de los ingresos y pierden su negocio si la información circula libremente”. Según Iacomella, el problema de estas organizaciones es que la digitalización e Internet multiplican la información hasta el infinito, por lo que deben regularla artificialmente para no perder el negocio.
El resultado de ese control es que el autor por ganar, eventualmente, unos pesos, pierde la posibilidad de multiplicar sus seguidores e incluso facturar más gracias a ellos sin tanta mediación.
El mundo digital permite una lógica totalmente distinta que hace prescindibles las empresas o incluso las organizaciones intermedias, posibilidad que ya está siendo aprovechada por numerosos autores. El ejemplo más obvio es el del software libre en el que la comunidad contribuye con innovaciones para que el sistema sea cada vez mejor. La velocidad con la que mejoraron los programas de este tipo ha demostrado que el conjunto no sólo se beneficia porque son mayoritariamente gratuitos, sino también porque van innovando mucho más rápido gracias al trabajo de millones de personas que acceden al código y lo modifican. Justamente, como se dijo antes, el conocimiento avanzó durante siglos gracias a que científicos y pensadores compartían lo que habían averiguado para que otros pudieran subirse “a hombros de gigantes”.
Son cada vez más los músicos que comprenden que los derechos de autor no les permitirán vivir y que sin discográficas de por medio serán muchos más los que los escuchen y asistan a sus shows: ¿No debería ser ésa la prioridad del artista? Tanto por razones ideológicas como egoístas, evitar intermediarios los puede beneficiar. Incluso una banda tan conocida como Radiohead grabó su CD In Rainbows independientemente y ofreció en su sitio la posibilidad de bajarlo a cambio de un pago “a voluntad”. Además, quienes lo deseaban podían comprar el disco físico, que les sería enviado por correo. La libertad no impidió que en su primer año el disco vendiera cerca de tres millones de copias físicas y que haya recaudado varios millones más por las canciones bajadas directamente. Pero probablemente lo más importante es que su público se amplió aún más gracias a esta posibilidad que, de cualquier manera, ya existía. Si no puedes contra tu enemigo...
Otros proyectos más modestos, pero incluso más novedosos, provienen del mundo editorial. Por un lado existen proyectos como el de Libros Libres (ver recuadro) que permiten rescatar del olvido seguro a obras académicas; pero también hay emprendimientos que subvierten una forma de hacer negocios. Es el caso de la revista Orsai, del escritor Hernán Casciari, que desde su ascética tapa sintetiza “Nadie en el medio”. Casciari, cansado de ver sus escritos arrinconados por las publicidades y recortados por los editores, decidió aprovechar lo que permitía la tecnología. Su revista en papel se vende por suscripción a través de Internet y una comunidad de seguidores, y su contenido se publica en PDF para que todo el mundo lo pueda leer. El primer número vendió más de 10.000 copias, lo que permitió que todos los colaboradores cobraran, algo que no era seguro. Y es leído gratis por miles de personas más a través de orsai.es.
Justamente, en esa revista el abogado español David Bravo citaba recientemente a Javier Bardem, quien en un artículo de El País utilizaba una metáfora poco afortunada para explicar la “piratería”. Según el actor español, una máquina capaz de fotocopiar tomates produciría un gran daño a los granjeros. Evidentemente Bardem no veía que si bien los granjeros en ese caso tendrían que buscarse conchabo, el resto de la humanidad podría beneficiarse con una provisión infinita de tomates que resolverían cuestiones un poco más relevantes como el hambre. Obviamente, tal máquina no existe para los tomates, pero sí es posible reproducir bienes culturales hasta el infinito. ¿Por qué no aprovecharlo para distribuir conocimiento y reducir la brecha cultural? El problema se vuelve mucho más grave si se incluye en esta lógica restrictiva no sólo al arte y al conocimiento, sino también a lo que está pasando con el patentamiento de genes, semillas o incluso moléculas.
A ALAMBRAR
La OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) es una organización de Naciones Unidas que busca, al menos en teoría, defender los derechos de los autores como forma de “estimular la actividad creadora”. Es decir que creen que si no fuera porque las organizaciones y empresas recaudan dinero para los autores, ya no habría creación. Es la misma lógica que indica que bajar una película de Internet es comparable con robar un bolso o que propone que las bibliotecas paguen regalías por los libros que prestan y, teóricamente, hacen perder ventas a las editoriales. ¿Pero de quién es el bolso en este caso? La mayoría de los autores parece mostrarse prescindente en esta disputa.
Iacomella da un ejemplo de cómo funciona esto: “Cadra, el Centro de Administración de Derechos Reprográficos, que existe desde hace unos dos años y representa a una minoría de autores, sobre todo académicos, presionó a la UBA, que ahora le pagará casi 4 millones de pesos anuales para ser autorizada a fotocopiar bibliografía. Luego distribuye parte del dinero entre los miembros de la organización, en su mayoría autores que no se leen en la universidad. Pero como no todos los autores fotocopiados están asociados, en realidad la UBA podría igualmente ser demandada por otros”. ¿Cuánto cobrarán los deudos de Bourdieu o Foucault de este dinero?
Son muchas las organizaciones que están pensando la forma de cambiar esta inercia restrictiva y plantear el desarrollo de una cultura libre contra una embestida que parece anacrónica. ¿Por qué elegir esta lucha entre tantas posibles? Como explica Laura Marotias, del equipo de Flacso Virtual: “Tiene que ver con la circulación de la información y el valor que tiene en esta etapa del desarrollo capitalista. En una sociedad de conocimiento lo que produce valor es, justamente, el conocimiento; distribuirlo es una forma de democratizar”.
Fuente: Página/12.
viernes, 28 de octubre de 2011
03 de NOV Charla-Debate: "El derecho a estudiar... Los derechos de autor"
CHARLA-DEBATE
el derecho a estudiar…
…los derechos de autor
Propiedad intelectual, mundo editorial y libertad de difusión
¿Protección a los autores o mercantilización del conocimiento?
¿Qué quieren los autores? ¿Qué buscan las editoriales? ¿Qué necesitan los estudiantes?
¿Cuáles son los derechos de los profesores e investigadores respecto de su producción?
¿Cómo pensar los derechos de autor en la era digital?
El mundo actual nos da el potencial tecnológico para desprendernos del soporte material de los libros mediante la digitalización y las fotocopias. Paralelamente, se ha trazado un marco jurídico-normativo que busca poner un límite a las posibilidades que nos ofrecen estos adelantos técnicos bajo el argumento de la defensa de los derechos de los autores.
En ese sentido, se ha vivido en los últimos años un avance de ciertas limitaciones a la libre difusión del conocimiento. Se han llevado a cabo desde allanamientos a fotocopiadoras lindantes con las facultades y judicializaciones por compartir textos en Internet (basta recordar los casos “Taringa!” y “Potel”), hasta un acuerdo que la UBA firmó con CADRA (Centro de Administración de Derechos Reprográficos) que regulariza y limita la realización de fotocopias dentro de las facultades a cambio de un canon anual.
En el ámbito académico, tanto el material de estudio e investigación como la publicación de la producción propia, están amparados y regidos por leyes que impiden su reproducción ilimitada y, por ende, su difusión irrestricta. Pero, ¿ellas protegen a los autores y sus investigaciones? ¿Qué significaría “proteger”? ¿Cuál es el rol de las editoriales? ¿Cuáles son las reglas de juego que sujetan a los docentes, investigadores y estudiantes? ¿Por qué el fotocopiado y la digitalización constituyen un delito? ¿A qué lógicas responde su cada vez más frecuente persecución?
Participan:
- Beatriz Busaniche (Docente de Ciencias Sociales. Miembro de Fundación Vía Libre, Wikimedia Argentina y Creative Commons).
- Emilio Cafassi (Profesor Titular de “Informática y Relaciones Sociales” y de la Teoría Sociológica “El Capital” en la Facultad de Ciencias Sociales. Investigador Categoría I).
- Gerardo Filippelli (Abogado CADRA – Centro de Administración de Derechos Reprográficos y Cámara Argentina del Libro).
- Horacio Potel (Filósofo. Profesor en la UNLa. Procesado por la justicia por subir textos académicos a sitios web).
Jueves 3 de noviembre a las 21 hs
Hall Central de la sede de Constitución (Santiago del Estero 1029 - CABA)
Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Buenos Aires
Organiza:
COORDINADORA POR LOS LIBROS
Invita:
CENTRO DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS SOCIALES
Declarado de interés institucional por:
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
jueves, 22 de septiembre de 2011
"¡Jaime! Hay un local de EUDEBA en mi facultad"
En abril de 2009, el Rector Rubén Hallú firmó con CADRA (Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina) un convenio mediante el cual se pagan, desde ese momento, unos arbitrarios $240.000 anuales que estarían permitiendo fotocopiar legalmente hasta un 20% de cada libro representado por esta institución (a la cual EUDEBA pertenece). Resulta curioso que no sólo este porcentaje es imposible de fiscalizar, sino que el monto por el cual se suscribió el convenio es absolutamente arbitrario, y su aprobación no fue discutida en el Consejo Superior (alcanzó con la firma de Hallú).
En lugar de preocuparse por “regularizar” las fotocopias que se realizan en las facultades y que, pese a todo, nos permiten continuar con nuestros estudios, el Rector Hallú podría poner énfasis en buscar caminos que posibiliten la masificación del acceso a los materiales de estudio e investigación. Esto podría lograrse invirtiendo ese dinero, por ejemplo, en incrementar los ejemplares de nuestras bibliotecas, financiar la publicación de tesis de doctorado, otorgar más becas de material de lectura para los/as estudiantes que lo necesiten, subsidiar a EUDEBA para que disminuya sus precios.
En efecto, si bien tenemos el privilegio de presenciar la inauguración de un local de EUDEBA en la sede de Constitución de nuestra casa de estudios, también recibimos la desgraciada noticia de que contamos con un magro 10% de descuento, menor incluso al que le aplican a un/a estudiante en cualquier librería de barrio. Tengamos en cuenta que la Editorial tiene la posibilidad de bajar el precio de tapa a la mitad: el 50% de ese monto corresponde normalmente a la librería, que en este caso es la Editorial misma. Como si fuera poco, el local hace uso del espacio físico de nuestra Facultad, quedando más expuesto aún el carácter absurdo del cobro de precios iguales a los se encuentran en los locales de Yenny. Esta política de precios para con la comunidad académica no deja en claro si la apertura de esta librería busca ampliar la difusión de la cultura (como hacía con los kioskos callejeros en los que EUDEBA vendía a precios populares en su “época dorada”) o si pretende ser un punto estratégico de venta, según las intenciones comerciales más corrientes.
Si EUDEBA siguiera una política no guiada en términos mercantiles lo cual es, creemos, su intención, deberíamos poder acceder, como comunidad académica, a los libros a mitad de precio. Quizás así, y no a través de arbitrarios convenios con CADRA, estemos un paso más cerca de los “Libros para todos”.
Sería entonces bueno que el Rector Hallú no se preocupara tanto por los intereses de las grandes editoriales, e iniciara, en cambio, una política de venta de libros a precio estudiantil que tienda a hacer innecesarias las fotocopias, como correspondería a una editorial de la trayectoria de EUDEBA y a los ideales de una educación realmente pública y cada vez más gratuita.
En lugar de preocuparse por “regularizar” las fotocopias que se realizan en las facultades y que, pese a todo, nos permiten continuar con nuestros estudios, el Rector Hallú podría poner énfasis en buscar caminos que posibiliten la masificación del acceso a los materiales de estudio e investigación. Esto podría lograrse invirtiendo ese dinero, por ejemplo, en incrementar los ejemplares de nuestras bibliotecas, financiar la publicación de tesis de doctorado, otorgar más becas de material de lectura para los/as estudiantes que lo necesiten, subsidiar a EUDEBA para que disminuya sus precios.
En efecto, si bien tenemos el privilegio de presenciar la inauguración de un local de EUDEBA en la sede de Constitución de nuestra casa de estudios, también recibimos la desgraciada noticia de que contamos con un magro 10% de descuento, menor incluso al que le aplican a un/a estudiante en cualquier librería de barrio. Tengamos en cuenta que la Editorial tiene la posibilidad de bajar el precio de tapa a la mitad: el 50% de ese monto corresponde normalmente a la librería, que en este caso es la Editorial misma. Como si fuera poco, el local hace uso del espacio físico de nuestra Facultad, quedando más expuesto aún el carácter absurdo del cobro de precios iguales a los se encuentran en los locales de Yenny. Esta política de precios para con la comunidad académica no deja en claro si la apertura de esta librería busca ampliar la difusión de la cultura (como hacía con los kioskos callejeros en los que EUDEBA vendía a precios populares en su “época dorada”) o si pretende ser un punto estratégico de venta, según las intenciones comerciales más corrientes.
Si EUDEBA siguiera una política no guiada en términos mercantiles lo cual es, creemos, su intención, deberíamos poder acceder, como comunidad académica, a los libros a mitad de precio. Quizás así, y no a través de arbitrarios convenios con CADRA, estemos un paso más cerca de los “Libros para todos”.
Sería entonces bueno que el Rector Hallú no se preocupara tanto por los intereses de las grandes editoriales, e iniciara, en cambio, una política de venta de libros a precio estudiantil que tienda a hacer innecesarias las fotocopias, como correspondería a una editorial de la trayectoria de EUDEBA y a los ideales de una educación realmente pública y cada vez más gratuita.
viernes, 26 de agosto de 2011
Por libros para todos se empieza por casa
Hace pocos meses desde la Coordinadora empezamos a hacer circular un petitorio que solicita que se haga cumplir el reglamento que determina que los libros comprados con los subsidios UBACyT, PIP y PICT deben ser transferidos a la biblioteca de la facultad donde se radican los proyectos de investigación.
En el marco del debate que se inició a partir de la difusión de esta iniciativa, han comenzado a incorporarse nuevos ejemplares a la biblioteca del Instituto de Investigaciones Gino Germani, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales. Pueden consultarse los libros que van incorporándose en http://www.iigg.sociales.uba.ar/
Para dar un mayor impulso a nuestra propuesta de fortalecer la biblioteca, estamos promoviendo un nuevo mecanismo de adquisición de libros a partir del dinero de los subsidios de investigación, de modo que indefectiblemente sean catalogados al ser adquiridos y, al finalizar los proyectos correspondientes, estén al alcance de todos. En las próximas semanas esto se debatirá en el Comité Académico del IIGG.
Aprovechamos para dar aviso de nuestro nuevo horario de reunión, para aquellos a quienes el contacto meramente virtual les parece frío o frívolo. Nos estamos encontrando los jueves a las 15 hs en el aula 401 de la sede de M.T. de Alvear 2230.
En el marco del debate que se inició a partir de la difusión de esta iniciativa, han comenzado a incorporarse nuevos ejemplares a la biblioteca del Instituto de Investigaciones Gino Germani, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales. Pueden consultarse los libros que van incorporándose en http://www.iigg.sociales.uba.ar/
Para dar un mayor impulso a nuestra propuesta de fortalecer la biblioteca, estamos promoviendo un nuevo mecanismo de adquisición de libros a partir del dinero de los subsidios de investigación, de modo que indefectiblemente sean catalogados al ser adquiridos y, al finalizar los proyectos correspondientes, estén al alcance de todos. En las próximas semanas esto se debatirá en el Comité Académico del IIGG.
Aprovechamos para dar aviso de nuestro nuevo horario de reunión, para aquellos a quienes el contacto meramente virtual les parece frío o frívolo. Nos estamos encontrando los jueves a las 15 hs en el aula 401 de la sede de M.T. de Alvear 2230.
martes, 2 de agosto de 2011
35 años de cárcel por consultar demasiados libros
El presunto "delito" cometido por Swartz es haber utilizado un script para automatizar la descarga masiva de documentos publicados en JSTOR, un sistema que provee acceso a papers académicos bajo subscripción.
JSTOR es, básicamente, lo que en nuestros pagos se conoce como un buen curro...
Las universidades desembolsan cuantiosos recursos en financiar investigaciones, los investigadores envían sus trabajos —generalmente pagando— a las llamadas revistas científicas, luego las llamadas revistas científicas usan a la misma academia —muchas veces sin pagar— para hacer revisión de pares y mantener la calidad de lo publicado, y finalmente, les cobran a las universidades y bibliotecas importantes cifras en dólares, para acceder a las suscripciones.
El servicio de JSTOR brinda acceso a una base de datos de revistas científicas en formato digital "para ahorrar espacio a las bibliotecas, que ya no disponen de estantes suficientes para albergar la enorme cantidad de publicaciones científicas actuales" —claro que a 50.000 dólares la suscripción, habría que preguntarse cuántos estantes se pueden construir... El dinero recaudado por JSTOR (que es una organización "sin fines de lucro"), sirve para mantener la increíblemente costosa y multimillonaria infraestructura, que todos sabemos, implica tener un sitio web en línea, y el resto del dinero, finalmente, termina en las mencionadas "revistas científicas" cubriendo las regalías por derecho de.. editor?, perpetuando su modelo parasitario, aún cuando la publicación y distribución en papel se haya vuelto obsoleta...
Quien tiene una cuenta en JSTOR, puede acceder a todo el material, sin embargo según sus condiciones de servicio los usuarios se comprometen a no usar software automatizado para descargar masivamente artículos alojados en JSTOR. Presuntamente éste sería el grave delito cometido por Swartz, además de la forma irregular de entrar al sistema (aunque es costumbre entre investigadores y profesores de las universidades compartir sus usuarios y contraseñas de acceso a JSTOR, ya que es la institución quien paga la subscripción). Cualquier persona mínimamente sensata, aunque considere equivocada la conducta de Swartz, seguramente juzgaría como pena razonable para esta ofensa tan banal... la baja de su cuenta en JSTOR o algo por el estilo. Sin embargo en la dimensión paralela de los talibanes de la propiedad intelectual y paranoicos de la inseguridad digital, amerita años de cárcel.
Tal como declara David Segal director ejecutivo de Demand Progress en The Boston Globe:
No tiene sentido, es como tratar de meter preso a alguien por el delito de haber revisado demasiados libros en una librería. Tanto el MIT —la universidad desde donde Swartz presuntamente accedía a JSTOR—, como la propia JSTOR no han presentado cargos por este caso.
Sí, nosotros podemos!
Carmen Ortiz, la fiscal por Massachusetts (que fue nominada por el presidente Obama para su cargo), dejó de atender algunas nimiedades propias de su función, tales como acusar a violadores, asesinos o banqueros corruptos por sus delitos, para dedicarse a un asunto tan serio como el de un estudiante accediendo exageradamente a papers académicos y presentó cargos contra Swartz: declaró que Robar es robar, ya sea usando un comando de computadora o una barreta, y sea para llevarse documentos, dólares o datos, y que
es igual de dañino para la víctima si vendes lo robado, como si lo regalas. La condena máxima que podría llegar a recibir Swartz es de hasta 35 años de cárcel.
El día lunes Swartz acompañado por sus padres se entregó a las autoridades y compareció frente a la Corte de Distrito. Fue liberado bajo una fianza de $100,000 en efectivo y sigue investigado bajo los cargos fraude informático y abusos derivados, por haber afectado y usado indebidamente los servidores de JSTOR.
Sin embargo, la idea de que los 4 millones de papers científicos descargados se puedan compartir sin costo por una red P2P, más bien debería poner en duda el papel de JSTOR como intermediario, dejando al descubierto su verdadera misión: obstruir el acceso a las publicaciones científicas en vez de facilitarlo, perpetuando un sistema de apropiación de recursos completamente falto de ética.
Hacia un mundo de restricciones
Academia, estudiantes, acceso, bibliotecas digitales, e instituciones que en teoría deberían estar al servicio de la educación y la cultura, y en cambio criminalizan profesores o estudiantes... un coctel perverso cada vez más frecuente, que debemos tratar de revertir
Fuente: http://derechoaleer.org/2011/07/35-anos-de-carcel-por-consultar-demasiados-libros.html
miércoles, 20 de abril de 2011
Los subsidios de investigación y las bibliotecas incompletas
Los libros comprados a través de los subsidios UBACyT, PIP y PICT pertenecen a la Facultad.
Firmá para que sean transferidos a nuestras bibliotecas.
Los UBACyT, PIP y PICT son proyectos de investigación conducidos por profesores de la UBA y financiados por la Universidad, el CONICET y la AGENCIA (ANPCyT) respectivamente por los cuales se otorgan entre 3.000 y 100.000 pesos anuales durante 2 o 3 años, dependiendo de la categoría del proyecto.
Cada proyecto destina parte importante de ese dinero a la compra de libros.
Los libros de los proyectos radicados en facultades de la UBA PERTENECEN A NUESTRA UNIVERSIDAD, por lo que al finalizar los proyectos DEBEN SER TRANSFERIDOS por reglamento a las bibliotecas de las facultades e institutos de investigación.[1]
Sin embargo, a diferencia de otras facultades, en la Facultad de Ciencias Sociales esta transferencia en la gran mayoría de los casos no tiene lugar, principalmente porque no están difundidos los procedimientos para ello, lo que dificulta que esta práctica se arraigue en la comunidad académica.
Dado el mejoramiento actual de las condiciones de trabajo de los investigadores y el aumento de los financiamientos, así como la posibilidad de construir una biblioteca más grande y mejor equipada en la nueva sede de Constitución, creemos que es un buen momento para fortalecer el Instituto de Investigación Gino Germani, así como a la Facultad de Ciencias Sociales en general y sus bibliotecas en particular.
Por eso SOLICITAMOS A LAS AUTORIDADES de la Facultad se haga cumplir el reglamento de los subsidios en cuestión, ABRIENDO Y DIFUNDIENDO LOS CANALES NECESARIOS PARA LA TRANSFERENCIA Y CATALOGACIÓN DEL MATERIAL.
Expresá tu adhesión a esta solicitud respondiendo este mail a coordinadoraporloslibros@gmail.com indicando:
- Apellido, Nombre
- Condición: Estudiante, graduado/a, no docente, becario/a, docente y/o investigador/a.
COORDINADORA POR LOS LIBROS
Para conocer nuestros proyectos, contactanos (y si querés, pedí que te agreguemos al grupo para que te llegue el informe semanal) en
y/o ingresá a
[1] Sobre los subsidios UBACyT véase el artículo 21º del reglamento: “Artículo 21º. – Los bienes de uso y de capital que el titular adquiera con fondos del subsidio serán propiedad de la Universidad de Buenos Aires, debiendo ser declarados y patrimoniados inmediatamente…”. Para ver el reglamento completo: http://www.uba.ar/ secyt/download/subsidios/ reglamento_subsidios-Resol- 1793_101.pdf.
Sobre los proyectos PICT de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica véase el punto 5.2 del respectivo reglamento: “Propiedad de los bienes: El equipamiento y remanente de bienes de consumo adquiridos para la ejecución del proyecto quedarán, una vez finalizado el proyecto y en forma automática, en propiedad de la IB [Institución Beneficiaria], salvo que expresamente se pacte otra cosa. Durante la ejecución de los proyectos los bienes serán propiedad de la IB, siendo responsabilidad el IR [Investigador Responsable] su guarda y conservación.” Fuente: http://www.agencia.gov.ar/documentos/mao_actualizado_pict_pict_feb_10.pdf. Punto 5.2.
Finalmente, véase también el manual operativo del CONICET para lo que respecta a los proyectos PIP: “d) El titular del subsidio deberá guardar y custodiar todos los bienes de capital adquiridos con el subsidio y a donarlos al CONICET al tiempo de presentar la rendici6n de cuentas.” Fuente. http://www.conicet.gov.ar/documents/11716/0/Manual+Res+2667-99+texto+ordenado.pdf. Cabe aclarar que en el caso de los libros, se refiere a las denominadas “bibliotecas CONICET”, que se encuentran en las instituciones beneficiarias del subsidio, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Gino Germani.
miércoles, 13 de abril de 2011
Otra junta se junta contra CADRA
El viernes pasado (8 de abril de 2011) la Coordinadora por los Libros presentó en la Junta de Carrera de Ciencias de la Comunicación el proyecto de rechazo al convenio entre CADRA y la UBA. El proyecto se transformó en una declaración oficial porque ¡se aprobó por unanimidad!
Vista esta situación, y el gran apoyo que estamos logrando tanto en las juntas como en los pasillos, decidimos en la última reunión de la Coordinadora que vamos a elevar el proyecto a la máxima instancia de la facultad, presentándolo en el Consejo Directivo en su próxima sesión, el 26 de abril.
Mientras tanto, resolvimos lanzar esta semana la junta de firmas para que adhieras al pedido de devolución de los libros de los UBACyT. Podés expresar tu apoyo mandando tu nombre, apellido, DNI y el lugar que ocupás en la facultad (estudiante, graduado/a, docente, investigador/a, no docente) a coordinadoraporloslibros@
¡Te esperamos la próxima!
miércoles, 6 de abril de 2011
Últimas reuniones: 22/03, 29/03 y 05/03
En estas primeras tres reuniones del año:
1) Nos reunimos, junto a la Comisión Abierta de Relaciones del Trabajo, con la directora de esa carrera, Stella Escobar, para:
-Comentarle sobre el rechazo al convenio CADRA-UBA que presentaremos en la próxima reunión de junta.
La directora de carrera propuso investigar este tema (para lo que le enviamos toda la información pertinente que se encuentra en nuestro blog) y consideró presentar el rechazo en la Junta de Carrera.
-Discutir el problema del monopolio bibliográfico de la cátedra del profesor Capriglioni (Estadística) que exige como exclusivo material de estudio un libro de su autoría imposible de fotocopiar debido a una enorme franja marrón en cada una de sus páginas que queda negra al hacerse una copia.
Seguiremos trabajando este tema con la Comisión Abierta de RT, que han decidido juntar firmas entre todos los estudiantes de la carrera para exigir que el libro pueda ser fotocopiado y a la vez que esté disponible en la biblioteca.
2) Realizamos una extensa investigación sobre el funcionamiento de los subsidios UBACyT.
Los UBACyT son proyectos de investigación financiados por la UBA que otorga entre 3.000 y 22.000 pesos anuales durante 3 años a un grupo de investigación. Gran parte de ese dinero se destina a la compra a la compra de libros. Estos libros son propiedad de la UBA; al finalizar los proyectos deben ser devueltos POR REGLAMENTO a las bibliotecas de las facultades. En Sociales este reglamento no se cumple.
La Coordinadora está realizando tareas de difusión y una juntada de firmas para exigir que se cumpla el reglamento UBACyT en lo que respecta a la devolución del material.
3) Programamos la presentación del rechazo al convenio UBA-CADRA en:
- la Junta de Carrera de Ciencias de la Comunicación: este viernes 8 de abril a las 17.30 hs.
- la Junta de Carrera de Trabajo Social: este miércoles 13 de abril a las 17 hs.
Ambas a realizarse en la sede de Constitución: Santiago del Estero 1029.
1) Nos reunimos, junto a la Comisión Abierta de Relaciones del Trabajo, con la directora de esa carrera, Stella Escobar, para:
-Comentarle sobre el rechazo al convenio CADRA-UBA que presentaremos en la próxima reunión de junta.
La directora de carrera propuso investigar este tema (para lo que le enviamos toda la información pertinente que se encuentra en nuestro blog) y consideró presentar el rechazo en la Junta de Carrera.
-Discutir el problema del monopolio bibliográfico de la cátedra del profesor Capriglioni (Estadística) que exige como exclusivo material de estudio un libro de su autoría imposible de fotocopiar debido a una enorme franja marrón en cada una de sus páginas que queda negra al hacerse una copia.
Seguiremos trabajando este tema con la Comisión Abierta de RT, que han decidido juntar firmas entre todos los estudiantes de la carrera para exigir que el libro pueda ser fotocopiado y a la vez que esté disponible en la biblioteca.
2) Realizamos una extensa investigación sobre el funcionamiento de los subsidios UBACyT.
Los UBACyT son proyectos de investigación financiados por la UBA que otorga entre 3.000 y 22.000 pesos anuales durante 3 años a un grupo de investigación. Gran parte de ese dinero se destina a la compra a la compra de libros. Estos libros son propiedad de la UBA; al finalizar los proyectos deben ser devueltos POR REGLAMENTO a las bibliotecas de las facultades. En Sociales este reglamento no se cumple.
La Coordinadora está realizando tareas de difusión y una juntada de firmas para exigir que se cumpla el reglamento UBACyT en lo que respecta a la devolución del material.
3) Programamos la presentación del rechazo al convenio UBA-CADRA en:
- la Junta de Carrera de Ciencias de la Comunicación: este viernes 8 de abril a las 17.30 hs.
- la Junta de Carrera de Trabajo Social: este miércoles 13 de abril a las 17 hs.
Ambas a realizarse en la sede de Constitución: Santiago del Estero 1029.
¡Vení a acompañarnos!